Mediante un operativo articulado de forma constante, se busca dar respuesta a las demandas urgentes de la población desamparada ofreciendo un abordaje completo
Dentro del territorio metropolitano, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires articula una red de asistencia integral estructurada para dar cobijo a poblaciones sin techo. Operando bajo los parámetros de la Ley 27.654, modificada mediante el Decreto 373/2025 del Gobierno Nacional, la jurisdicción establece la competencia de las áreas gubernamentales en torno a los derechos de los individuos en dicha situación. De hecho, para llevar a cabo la atención y acompañamiento de personas en situación de calle, el distrito administra un total de 61 Centros de Inclusión Social. Resulta que estas instalaciones abren sus puertas las 24 horas del día durante los 365 días del año, garantizando atención a 4.626 personas.
Brindando mucho más que cobijo, los equipos de trabajo dentro de los mencionados recintos suministran alimentación, servicios de higiene y atención psicológica. Sumado a ello, se entrega capacitación para estudiar, formación en oficios e intermediación laboral, además de distintos servicios complementarios. En efecto, estructurando la logística según las demandas, los refugios están segmentados para recibir diferentes grupos poblacionales. Existen espacios para familias, áreas para mujeres víctimas de violencia, sectores para ciudadanos con padecimientos de salud mental, dispositivos para individuos en tratamiento por adicciones y recintos para hombres con mascotas.
Por otro lado, recorriendo el trazado urbano, funciona la Red de Atención. Desplegando más de 70 móviles, este servicio opera de modo ininterrumpido buscando y atendiendo a quienes pernoctan a la intemperie. Paralelamente, los operadores responden a los pedidos realizados a través de la línea 108 y el sistema Boti al número 11 5050 0147. ¡Claro está!, el circuito incluye también dos Dispositivos de Primer Acercamiento. Allí, las personas reciben comida, pueden ducharse, logran cortarse el pelo y terminan derivados a los espacios de inclusión.
Pues bien, considerando los números oficiales, la prestación demanda recursos monetarios de las arcas porteñas. Precisamente, el modelo implica un costo mensual por persona de $1.163.135. Ocurre que, del total de la población asistida, al menos 2.327 personas son residentes de la Provincia de Buenos Aires. Ante este panorama, el 31 de marzo de 2026, los ministros porteños Gabriel Mraida, titular del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, y Gustavo Arengo Piragine, cabeza del Ministerio de Hacienda y Finanzas, enviaron un informe de firma conjunta al ministro de Economía bonaerense, Pablo Julio López.
Enviando el documento oficial, los funcionarios porteños exigen “la inmediata transferencia de los recursos necesarios para saldar el monto actualizado de los costos, incluidos los que se generen en adelante, sin perjuicio de la deuda correspondiente a períodos anteriores”. Concretamente, el reclamo asciende a un costo total de $27.066.151.450 desde la entrada en vigencia del mencionado decreto. “La erogación mencionada se solventa con recursos de la Ciudad, provenientes del esfuerzo de los porteños y genera un ahorro para la Provincia de Buenos Aires”, sostienen los emisores en la carta. Dicha circunstancia genera un perjuicio para los residentes porteños, dado que el dinero podría destinarse a reforzar el presupuesto de otras áreas.
Al mismo tiempo, el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, apuntó contra el gobernador Axel Kicillof mediante declaraciones públicas. Sosteniendo su postura, el mandatario porteño expresó textualmente: “es hora de que los porteños dejen de pagar tu desgobierno. Dejá de mirar para otro lado y cumplí la ley: la Provincia tiene que dar alojamiento y asistencia a las personas en situación de calle de PBA. Es hora de que se hagan cargo”. Casualmente, la administración bonaerense creó el Programa de Asistencia Integral para Personas en Situación de Calle a través de la Ley 13.956, no obstante, las autoridades porteñas indican que la provincia no está cumpliendo con su competencia jurisdiccional.
