Las cifras oficiales muestran una contradicción que inquieta a las aseguradoras y pone en debate la continuidad del esquema
A 30 años de su creación, el Sistema de Riesgos del Trabajo evitó 5,1 millones de accidentes laborales y salvó 20 milvidas, según el balance presentado en Buenos Aires por la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo sobre el período 1996-2026, un recorrido que dejó una caída del 79% en la mortalidad en el ámbito laboral pero que, al mismo tiempo, expuso una presión creciente por la judicialidad.
El dato que concentra esa tensión es el volumen de demandas: el sistema acumula 1,6 millones de juicios ingresados y un stock activo de 327 mil causas en trámite. La entidad advirtió que esa litigiosidad no guarda relación con la baja real de los accidentes y la definió como el principal problema de sostenibilidad.
La cámara empresaria sostuvo que hoy existen 132,9 juicios por cada 10 mil trabajadores. También señaló que la judicialidad argentina es 23 veces la de Chile y 16 veces la de España.
La cobertura vigente alcanza a 10,2 millones de trabajadores y a un millón de empleadores en todo el país. Ese universo se articula a través de 23 ART y mutuales operativas, que sostienen la red de atención, prevención y prestaciones.
La mortalidad laboral cayó 79% en tres décadas
De acuerdo con la UART, la mejora en los estándares de seguridad permitió reducir un 54% el índice de incidencia de accidentes en ocasión del trabajo. Esa caída se tradujo en 5,1 millones de siniestros evitados y en una baja histórica del 79% en el índice de fallecimientos laborales.
La reducción de la gravedad de las secuelas también aparece en el balance. El nivel de incapacidad promedio de los siniestros cayó un 29% en los últimos 15 años.
El sistema incorporó además a 550 mil trabajadores de casas particulares. En materia de reinserción, el 64% de quienes reciben recalificación laboral logra volver activamente a su puesto o desempeñarse en nuevas tareas.
Durante la pandemia, la cobertura incluyó 550 mil casos de COVID-19. Ese despliegue se sumó a un esquema que, en 30 años, atendió 16,1 millones de siniestros.
La estructura asistencial brinda 14,1 millones de prestaciones por año. También realiza 800 mil visitas anuales de prevención a empresas, mientras más de 74 mil personas participaron activamente del Programa Prevenir.
El 87% de los juicios corresponde a casos sin incapacidad, según las comisiones médicas
La respuesta indemnizatoria se actualiza de forma automática por RIPTE y tiene un plazo de pago de 15 días. En caso de fallecimiento, el piso prestacional vigente es de $97 millones, con un adicional del 20% por daño moral cuando corresponde y un pago único de $65 millones en prestaciones adicionales; esos valores se ajustan proporcionalmente para incapacidades graves.
El punto de mayor conflicto, según la cámara, aparece en la distancia entre la vía administrativa y la judicial. El 87% de los juicios ingresados corresponde a casos en los que las Comisiones Médicas determinaron que no existía incapacidad.
La entidad agregó que, aun así, en sede judicial se reconocen en promedio 14 puntos adicionales de incapacidad respecto de las evaluaciones médicas oficiales. Para la organización, esa diferencia distorsiona el funcionamiento del régimen.
En su balance por los 30 años del sistema, la UART afirmó que la aplicación correcta de la Ley 27.348 permitiría redirigir recursos hacia prevención, asistencia y reparación, con menores costos para sostener el esquema y su cobertura nacional.
