Las compañías pactaron compensaciones multimillonarias desde marzo y asumieron compromisos bajo presión judicial, mientras acuerdos con autoridades estadounidenses abren dudas sobre el alcance real ante las transformaciones futuras a escala nacional
Más de 20 países prohibieron o propusieron restringir las redes sociales para menores desde que Australia vetó esas plataformas a los menores de 16 años, en diciembre de 2025. La expansión legislativa, impulsada por preocupaciones sobre la salud mental juvenil, enfrenta ya pruebas que cuestionan su eficacia, advirtió Ari Lightman, profesor de medios digitales y marketing de la Universidad Carnegie Mellon, en The Conversation.
La experiencia australiana ofrece el principal antecedente disponible. Un sondeo de la Molly Rose Foundation realizado en marzo de 2026 entre 1.050 jóvenes de 12 a 15 años reveló que el 61 % de quienes tenían cuentas en plataformas restringidas todavía accedía al menos a una de ellas.
Las reglas difieren según la edad mínima, el consentimiento parental y los mecanismos para comprobar la edad. Grecia, Emiratos Árabes Unidos, Canadá y Francia integran la lista de países cuyas legislaturas analizan o aplican límites sobre Snapchat, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook y X, de acuerdo con AFP.
La mayoría de los gobiernos invoca el deterioro de la salud mental entre adolescentes. Algunas propuestas también se apoyan en la protección de la privacidad y en las inquietudes por la propiedad extranjera de determinadas plataformas.
Una crisis de salud mental y una relación aún discutida
Los jóvenes de 14 a 20 años tienen un 104 % más de probabilidades de padecer una enfermedad mental grave que las personas de la misma edad hace medio siglo. La conclusión surge de un estudio liderado por Daniel Myran, de la Universidad de Ottawa, que examinó más de 12 millones de registros de salud mental en Canadá y fue publicado en 2026 en el Canadian Medical Association Journal.
Un metaanálisis de 2021 difundido por JAMA Pediatrics, que revisó 29 estudios con 80.879 participantes, estimó que el 20,5 % de los jóvenes presentaba síntomas elevados de ansiedad y el 25,2 %, síntomas elevados de depresión. Ambas tasas duplicaban las mediciones anteriores a la pandemia de COVID-19.
El psicólogo social Jonathan Haidt convirtió la discusión en una cuestión política con The Anxious Generation, publicado en 2024. El autor sostiene que las redes sociales interfieren en el desarrollo social y neurológico de los niños, y vincula su uso con la falta de sueño, la atención fragmentada, la adicción, la soledad, la comparación social y el perfeccionismo.
La crisis, sin embargo, tiene más de una explicación posible: una mayor detección de los trastornos, las alteraciones sociales provocadas por la pandemia y el aislamiento producido por los confinamientos masivos. Tampoco existe una prueba concluyente de que el uso de redes sociales sea la causa principal de los problemas de salud mental juveniles.
Lightman considera que el veto total no resuelve por sí mismo ese cuadro. “No estoy convencido de que prohibir las plataformas de redes sociales sea una solución eficaz a la crisis de salud mental que sufren los jóvenes hoy en día”, escribió el académico de Carnegie Mellon.
Las plataformas ofrecen funciones que las diferencian de productos como el alcohol o los cigarrillos, con los que algunos investigadores comparan las restricciones. Permiten la conexión global, la creación de comunidades entre personas afines, la autoexpresión y la participación cívica.
Una encuesta del Pew Research Center realizada en 2022 a 1.316 adolescentes de Estados Unidos indicó que el 80 % sentía que las redes sociales los ayudaban a mantenerse conectados con lo que ocurría en la vida de sus amigos.
Cuentas desactivadas y mecanismos para sortear el control
El 70 % de los menores australianos que logró eludir la prohibición aseguró que hacerlo fue “fácil”. Las vías incluyeron identidades falsas, cambios en el año de nacimiento, redes privadas virtuales —VPN, herramientas que ocultan o modifican la conexión del usuario—, maquillaje para confundir sistemas biométricos de cálculo de edad y fotos de celebridades en lugar de imágenes propias.
También recurrieron a amigos mayores o familiares para superar las pruebas de selfis. El informe de cumplimiento del comisionado australiano de seguridad digital, eSafety, publicado en marzo de 2026, detectó que siete de cada 10 menores con cuentas en plataformas restringidas continuaban utilizándolas.
Aunque se desactivaron cerca de 4,7 millones de cuentas, más del 80 % de los adolescentes australianos de 10 a 15 años seguía usando redes sociales con frecuencia. La razón más habitual de la permanencia de esas cuentas fue que las plataformas todavía no habían solicitado a los usuarios que verificaran su edad.
En el Reino Unido, los legisladores discuten limitar el acceso de los consumidores a las VPN ante la facilidad con que los jóvenes las utilizan para evitar las restricciones. Otros dirigentes advierten que un veto absoluto podría desplazar a los menores hacia espacios digitales menos supervisados y con mayores riesgos.
Todos los sistemas de verificación de edad requieren recopilar datos sensibles, tanto si están administrados por gobiernos como por empresas tecnológicas. Esa condición abre un conflicto adicional: proteger a los menores sin ampliar la exposición de su información personal.
La presión sobre las compañías también se trasladó a los tribunales. Desde marzo de 2026, YouTube y Meta, la empresa matriz de Instagram y Facebook, desembolsaron o pactaron indemnizaciones por más de USD 17.000 millones en distintos litigios.
Un jurado de Los Ángeles declaró en marzo a Meta y YouTube culpables de negligencia por diseñar productos adictivos. Ambas compañías fueron condenadas a pagar USD 6 millones a una joven que desarrolló depresión, ansiedad e ideas suicidas después de años de uso compulsivo.
El acuerdo de Meta con 48 estados de Estados Unidos concentra la mayor parte de las compensaciones. La empresa se comprometió a pagar hasta USD 17.000 millones durante una década y a modificar el diseño de sus productos, con límites diarios de uso para menores de 18 años que solo los padres pueden desactivar y bloqueos nocturnos predeterminados.
El destino de las indemnizaciones y las medidas alternativas
Los acuerdos con las tabacaleras muestran que las compensaciones no siempre terminan en programas de prevención. En 1998, los estados de Estados Unidos alcanzaron un acuerdo extrajudicial con las principales empresas del sector para recuperar costos de atención médica.
La Campaign for Tobacco-Free Kids calculó que, en 2026, la financiación estatal de los programas de prevención del tabaquismo juvenil representaba apenas el 3,4 % de los USD 21.700 millones que los estados recaudarían ese año mediante acuerdos e impuestos al tabaco.
Parte del dinero pactado con Meta está destinado a infraestructura de salud mental, iniciativas escolares y comunitarias, y campañas de salud pública. No existen mecanismos de supervisión ni normas vinculantes sobre el uso de esos recursos, ni sistemas para determinar si mejoraron la atención de salud mental, la seguridad y el bienestar infantil.
Lightman propone reemplazar los vetos generales por estándares de seguridad activados de forma predeterminada. Las cuentas de menores no deberían ser visibles por defecto, mientras que las plataformas deberían limitar la manipulación algorítmica y los mecanismos capaces de generar conductas adictivas en poblaciones vulnerables.
El profesor también plantea educación en alfabetización digital y seguridad en línea, períodos garantizados sin pantallas y vías accesibles para que los padres conecten a sus hijos con servicios de apoyo psicológico cuando detecten señales de un problema. “Actualmente no está disponible en la mayoría de los lugares”, reconoció.
Las Naciones Unidas recomiendan incorporar a los niños al debate sobre las normas que afectan su vida digital. Sus perspectivas sobre lo que valoran de las redes sociales y sobre las dificultades para dejar las pantallas pueden contribuir a reformar las plataformas y los programas educativos.
