Luego de que la fiscalía admitiera que no encontró pruebas para vincular a la vicepresidenta con las maniobras de lavado de dinero, los dos organismos públicos acompañaron el pedido de sobreseimiento.
Tanto la Unidad de Información Financiera (UIF) como la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) se sumaron a lo pedido por el fiscal Guillermo Marijuán.
El funcionario judicial había sostenido que era innegable la relación entre la vicepresidenta y Lázaro Báez, pero que no se podía comprobar la participación de la exmandataria en las maniobras de lavado por las que fue condenado el empresario. Por esta razón, Marijuán pidió el sobresimiento de Cristina Kirchner.
Tras la solicitud del fiscal, Sebastián Casanello, juez federal, le había pedido la opinión a la UIF y la AFIP, los dos organismos que se habían constituido como querellantes durante la gestión de Mauricio Macri.
Previamente, la Oficina Anticorrupción ya se había “bajado” cuando comenzó el gobierno de Alberto Fernández a fines del 2019.
Otro dato a tener en cuenta es que durante el 2022, Cristina Kirchner había solicitado el sobreseimiento aunque, en primera instancia, Marijuán se había negado.
Como la AFIP y la UIF “no tenían nada para decir”, el juez no avaló el cierre del caso y la defensa apeló por lo que todo terminó en la Sala II de la Cámara Federal.
La expresidenta había sido imputada en la causa tras las declaraciones, como arrepentido, de Leonardo Fariña.
