Desde el gabinete porteño señalaron que en caso que la Nación decida unilateralmente la quita del apoyo financiero el pasaje de colectivo podría ascender a los $ 700
El Gobierno nacional le concedería al Gobierno de la Ciudad, las potestades completas sobre las 31 líneas del transporte de colectivo que circulan en su jurisdicción, tal como lo solicitó el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, por lo que éste tendría el control del sistema de las mismas, según indicaron a Noticias Argentinas fuentes oficiales.
Las fuentes advirtieron que “la decisión está tomada”, pero que el pedido de postergar la fecha de implementación del nuevo esquema no se va a concretar, “el viernes o a más tardar el lunes va a salir la resolución de cómo es el traspaso”.
Aclararon que “lo que se le va a traspasar al Gobierno de la Ciudad es la totalidad del sistema que abarca a sus 31 líneas, para que ellos decidan recorridos, tarifas y subsidios, como ocurre en todas partes del país”.
“Son siete mil millones de pesos de subsidios, a los que se suman entre mil y mil quinientos millones de la Red Sube, que debe hacerse cargo CABA”, explicaron.
Agregaron finalmente que se seguirá subsidiando a las 103 líneas inter jurisdiccionales del AMBA y las 10 del interior.
El traspaso
El ministro de Infraestructura de la Ciudad de Buenos Aires, Pablo Bereciartua, insistió en el pedido al Gobierno nacional de establecer un plazo de seis meses de trabajo para implementar el traspaso a su competencia de las 31 líneas de colectivos que circulan por el distrito.
El funcionario advirtió que en caso que la Nación decida unilateralmente la quita del apoyo financiero el pasaje de colectivo podría ascender a los $ 700.
“La tarifa que actualmente sería de $ 1.000 está compuesta por tres tercios. Uno paga el usuario y de los dos tercios restantes, el 55% lo paga la Ciudad y el resto la Nación”, explicó Bereciartua en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas.
El funcionario aseguró que la Ciudad seguirá pagando su parte y en consecuencia el precio final ascendería a unos $ 700.
El ministro señaló que para que la Ciudad pueda hacerse cargo se necesita un procedimiento legal que incluye una autorización de la Legislatura local para el traspaso y una nueva ley de transporte en la Ciudad.
Debido a esta situación, Bereciartua insistió en que el Gobierno nacional acepte un plazo de seis meses para trabajar en todo este andamiaje, que incluye el traspaso de los fondos.
En caso que la Nación decidiera en forma unilateral dejar de subsidiar desde el próximo lunes, Bereciartua sostuvo que “se crearía una confusión enorme porque la Ciudad seguirá depositando en el fideicomiso, pero las empresas no sabrían que ingresos tendrían y probablemente haya restricciones en los servicios”.
Fuente NA
