Lo informó el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien además se refirió a la huelga de la CGT y remarcó que el acatamiento fue “muy bajo”.
El Gobierno confirmó la intención del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona para crear “una fiscalía especial que se dedique a investigar la corrupción de los funcionarios públicos”, enfocada, por sobre todo, en delitos como “el enriquecimiento ilícito y el crecimiento patrimonial, tanto del Poder Ejecutivo como el Legislativo”.
Así lo informó el vocero presidencial, Manuel Adorni, quién anticipó que el titular de Justicia “va a sugerir” al procurador general de la Nación, Eduardo Casal, la iniciativa. “Incluirá a todos los funcionarios públicos nacionales y provinciales, tanto del poder ejecutivo como legislativo. Vamos a recuperar todos los bienes producto del delito”, detalló.
Por otro lado, se refirió al paro convocado por la CGT del día de ayer y sostuvo que el acatamiento “ha sido muy bajo” y que representó “sólo al 0,19% de los trabajadores”, por lo que, dijo, “prácticamente fue un día normal”.
“Entendemos que este paro tuvo más carácter político que algo que haya surgido de los propios trabajadores. Una minoría no logra metabolizar el resultado de la elección. Son temas de espasmo de una casta sindical en retirada”, remarcó.
Además, Adorni respondió la acusación del diputado nacional por Córdoba Carlos Gutiérrez, quien dijo que “se realizaron modificaciones que nadie sabe ni quién ni cómo se hicieron” en un aspecto relacionado con los biocombustibles dentro del dictamen del DNU firmado en el día de ayer.
El portavoz aseguró que el Gobierno no llevó adelante cambios en el texto del dictamen de mayoría aprobado por el plenario de comisiones en la Cámara de Diputados y afirmó que el proyecto de ley Bases “en principio” se debatirá en el recinto “la semana siguiente”.
“No nos vamos a correr ni medio centímetro de ese Norte y la madre de todas las batallas está en el déficit cero”, remató.
