La Cámara Federal aceptó la inclusión de la Asociación Bases Republicanas como querellante.
Cristina Kirchner volvió a quedar en el foco de la causa conocida como la Ruta del dinero K, es que la Cámara Federal aceptó a laAsociación Bases Republicanas como querellante y eso la habilita a apelar el fallo de sobreseimiento.
Tras 10 años de investigación, el fiscal Guillermo Marijuan decidió que no había evidencias suficientes para acusarla y el juez Sebastián Casanello la sobreseyó.
Con el cambio de postura del fiscal y la decisión del juez, la posibilidad de la apelación sobre el sobreseimiento de la titular del Senado había dejado de existir. Ahora, con la inclusión de Asociaciones Republicanas como querellante, se podrá revisar el fallo.
La iniciativa fue firmada por los jueces Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, con la disidencia de Eduardo Farah. Llorens, en su voto, dijo que “la corrupción en sus diversidades, que busca instalarse en los organismos estatales, daña las economías públicas justamente por quienes tienen el deber de administrarlas con un fin beneficioso para la Nación, socava las instituciones y genera un daño concreto a la ciudadanía (víctima), que se ve reflejado en el deterioro de las oportunidades que, con mayor calidad, podría brindarle al conjunto de la sociedad”.
Asimismo, señaló que “estas características que definen a la víctima en el bien jurídico protegido y la legislación, la alejan de su concepto abstracto para obligar a los operadores a tener presente que las víctimas de esas conductas o atacadas o lesionadas por ellas, son personas de carne y hueso”.
Por su parte, Bertuzzi expresó: “Resulta procedente la constitución como parte querellante de la asociación que nos ocupa en supuestos en los cuales se ven conculcados derechos colectivos fundamentales de la sociedad en general, en la medida en que el objeto social de la organización de que se trate abarque la defensa y protección de tales garantías y que ello guarde relación con las particularidades de los hechos investigados”.
En cambio Farah sostuvo: “Sin dejar de observar ni tener en cuenta los extremos relativos al tiempo y modo en que esta pretensión fue introducida (a más de diez años de iniciada la causa y cuando los acusadores legitimados habían pedido la definición de la última situación pendiente, instando al sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner, luego decretado por el magistrado), lo central pasa porque no están dadas las condiciones que fija la ley para que la solicitante sea tenida por querellante”.
Además, indicó que que la cláusula que invoca Bases Republicanas “está ceñida, expresamente, a procesos en los que se investiguen crímenes de lesa humanidad o graves violaciones a los derechos humanos” y que el alcance que intenta asignarle “no se ajusta tampoco a la finalidad del legislador al incluirlo”.
