Indicaron que “Pavimento Alegre” de Villa Zabaleta, figuraba como comedor, pero era un centro de distribución de mercadería. Todos los beneficiarios estaban obligados a asistir a todas las marchas.
La investigación a lideres piqueteros y dirigentes sociales por comedores fraudulentos y presuntas extorsiones a beneficiarios sumó un nuevo capítulo que complicó aún más a los imputados.
Es que en las ultimas horas surgieron dos nuevas arrepentidas pertenecientes al Polo Obrero. Se trata de Rozy Giménez y Miguela Vera, una exdelegada y una exbeneficiaria de la organización de izquierda en Villa Zabaleta (Villa 21-24).
Las dos mujeres admitieron que eran ellas quienes les cobraban una mensualidad a los beneficiarios y amenazaban a quienes no fuesen a marchar.
En la denuncia apuntan a “Pavimento Alegre”, que figuraba como comedor, pero de acuerdo los testimonios, era un centro de distribución de alimentos que funcionaba en el barrio. Asimismo, ambas apuntaron contra Jeremías Cantero, el segundo de Eduardo Belliboni, quien era el encargado de supervisar en el lugar.
Según contó TN, Giménez, como delegada, estaba obligada a contactar a la gente para las marchas, pero también tenía que estar en el “comedor” para “cobrar las cápitas”: “Las cápitas son lo que ellos llaman una prestación, le sacan a la gente el 2% de lo que cobra”, señaló.
Asimismo, explicó que cada una de estas varían según el monto del plan que recibe cada beneficiario: “Está el Potenciar (Trabajo) normal, el esencial y está el nexo. Obviamente, si cobrás más, te sacan más”.
La exdelegada cumplía las órdenes sin tener una certeza del destino de esa recaudación. “Cuando yo preguntaba a dónde iba esa plata, me decían que era para los camiones cuando hay movilizaciones, para el alquiler de los locales”.
Aquellos que no pagaran el porcentaje exigido, recibían amenazas como “cortarles” el plan. En esa línea, Giménez contó que el Polo Obrero cobraba por los alimentos en el centro de distribución “Pavimento”.
Los alimentos que llegaban del Ministerio de Desarrollo Social eran retenidos allí hasta que los beneficiarios pagaran. De lo contrario, no podían retirarlos. “Ahora, están cobrando $1.000 por entregar la mercadería y $500 por la entrega de frescos. Quien no tenga para pagar, no le entregan”.
“La verdad, yo nunca me alegro de la desgracia ajena, pero ya se lo merecían, ya era hora, porque se habían reído de tanta gente que necesita”, sentenció.
Por su parte, Vera confirmó el testimonio de Giménez, ya que ella vivía frente al centro de distribución “Pavimento”. “Tenía que pagar cápita y tenía que pagar la mercadería. Me cobraban para entregar el fresco también”, denunció.
Vera retiraba los alimentos una vez al mes, pero en una ocasión, le prohibieron retirarlos porque no había cumplido con el requisito más importante: “No querían dármelos porque no fui a la marcha”, señaló y agregó: “Yo iba a todas las marchas porque no quería perder mi mercadería y no quería perder el Potenciar Trabajo”.
Con información de TN
