Así lo dejó entrever un informe de la Facultad Económica de la UBA.
La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires alertó que los salarios docentes y no docentes caerían a valores del año 2005, en medio de la crisis económica que persiste el país desde hace décadas.
Los salarios reales docentes y no docentes en las universidades nacionales han experimentado caídas mayores a la del promedio del sector público, e incluso a la sufrida por los trabajadores no registrados.
Sin una recomposición significativa de aquí a fin de año la inversión en el sistema universitario, con relación a PBI, caería a valores de 2005, destaca el pormenorizado informe “El financiamiento universitario argentino: anatomía de un derrumbe”, elaborado por Javier Curcio y Julián Gabriel Leone, del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.
Luego de la multitudinaria marcha del 23 de abril, el gobierno nacional ordenó un refuerzo en el rubro de gastos de funcionamiento que enfrentaba una licuación real del 60%, aún sin indexar por la canasta tarifaria que representa la principal fuente de erogaciones en la mencionada partida.
Dejando a un lado por el momento la parcial recomposición de los gastos de funcionamiento, un abordaje integral del financiamiento del sistema universitario nacional muestra que esta línea representó sólo el 3,3% del total del programa presupuestario “Desarrollo de la Educación Superior” durante 2022 y el 5,5% en 2023.
A pesar de su importancia para el normal desarrollo de la función educativa, las universidades componen cerca del 85% de su presupuesto total en masa salarial para el pago a docentes, investigadores, directivos y personal administrativo no docente, destacándose la función de producción educativa como fuertemente intensiva en mano de obra. Es así que la evolución del componente remunerativo salarial se relaciona casi linealmente con la erogación total que el Estado desembolsa a las universidades nacionales.
De este modo, los salarios universitarios se convierten en la principal válvula de ajuste efectiva sobre los fondos que recibe el sistema. Si partimos de los niveles vigentes a comienzos de diciembre de 2023, los salarios universitarios se ubican 55pp por debajo de la inflación acumulada hasta julio de 2024 (ver gráfico). Por su parte, el Índice de Salarios relevado por el INDEC, muestra una actualización a mayo (último dato disponible) del conjunto de los salarios públicos 14pp por encima de los sueldos universitarios en el mismo período.
Por su parte, al considerar los últimos ajustes paritarios del personal civil de la nación, al mes de julio señalan una recomposición del 96% desde diciembre frente a un 81% para los trabajadores universitarios. Incluso puede destacarse que la evolución de los salarios docentes resulta todavía más desfavorable que la de aquellos trabajadores no registrados. Es decir, se ubica por debajo del conjunto de trabajadores que no poseen una actualización en su sueldo vía negociación colectiva ni amparo de ninguna de las distintas instituciones laborales, como por ejemplo, el salario mínimo.
En moneda constante, el programa presupuestario Desarrollo de la Educación Superior presenta una caída real en lo que va del año del 31,5% respecto al año anterior y de casi un 25% en referencia a igual período en 2022. Esta evolución se encuentra fuertemente influida por la dinámica del desembolso acumulado en salarios docentes y en menor medida por la evolución de los salarios no docentes. A pesar del refuerzo mencionado, los gastos de funcionamiento también presentan una caída acumulada del 35% interanual real, que incluso supera al descenso del 25% real en la asistencia financiera a hospitales universitarios.
Resulta imprescindible generar los acuerdos necesarios para asignar los recursos al sistema universitario en forma urgente. La continuidad de un servicio que ostenta muy alta valoración por parte de la ciudadanía (incluso del propio gobierno) requiere no sólo un presupuesto de funcionamiento acorde, sino una rápida actualización en los haberes de sus docentes e investigadores, artífices de la calidad educativa brindada. Mirando los números, la decisión de ningún modo obliga a eludir las restricciones fiscales existentes. Por el contrario, sólo exige priorizar la generación de conocimiento y adicionar algo de voluntad política a su resolución.
