Con el fin de “agotar la pista” que vincula al diputado del Pro con el ataque, la Cámara Federal dio la orden de investigar lo que había sido desechado por la jueza Capuchetti.
La Cámara Federal autorizó este jueves la incautación del teléfono celular del diputado Gerardo Milman para analizar sus mensajes entre el 1° de julio de 2022 y el 10 de mayo de 2023, y determinar si existe información relacionada con el atentado que la expresidenta Cristina Kirchner sufrió en septiembre del año pasado.
Fuentes judiciales informaron que los camaristas Pablo Bertuzzi y Leopoldo Brugliadieron luz verde a esta medida para “agotar esta pista” que impulsa la exjefa del Estado. En disidencia votó Mariano Llorens, el restante miembro del tribunal.
La pista surgió de la declaración de Jorge Abello, asesor de un diputado del Frente de Todos, quien aseguró haber escuchado en un bar frente al edificio del Congreso cuando Milman, legislador del Pro, hablaba con dos colaboradoras dos días antes del atentado, ocurrido el 1 de septiembre de 2022.
“Cuando la maten, yo estoy camino a la Costa”, dijo Milman en el Bar Casablanca, según la declaración de Abello, dando a entender que el legislador del Pro sabía que iba a ocurrir el intento de homicidio.
La jueza María Eugenia Capuchetti, que profundizó en esta pista, no solo no pudo corroborarla, sino que promovió una investigación contra Abello por falso testimonio. Los abogados de Cristina Kirchner insistieron sobre la cuestión y la magistrada volvió a negarse, aunque ahora la Cámara revocó la decisión e hizo lugar a la inspección de los mensajes por un tiempo limitado.
La Cámara dijo que, “sin perjuicio del resultado que han arrojado las diligencias llevadas a cabo hasta el momento, resulta dirimente a los efectos de agotar esta vía investigativa, descartar toda mínima situación de incertidumbre al respecto”.
“Ya hemos dicho que la trascendencia institucional que reviste el atentado a la vicepresidenta de la Nación impone como deber jurisdiccional extinguir cualquier duda con relación a cada uno de los indicios incorporados al expediente, resultando ello el camino adecuado para dar respuesta a la víctima, la sociedad en general y al propio diputado”, aseguraron los camaristas.
En junio pasado, la jueza Capuchetti elevó a juicio oral la causa por este atentado, por el que están acusados Fernando Sabag Montiel, de 35 años; su novia, Brenda Uliarte, de 23, y Nicolás Carrizo, de 27 y quien empleaba a la pareja como vendedores ambulantes. Los dos primeros están acusados como coautores, mientras que el último está imputado como partícipe necesario.
El ataque se produjo el 1 de septiembre de 2022 frente al domicilio de la expresidenta, cuando Sabag Montiel, armado con una pistola, se mezcló entre un grupo de simpatizantes, se acercó a Cristina Kirchner y apretó varias veces el gatillo, sin que salieran los disparos.
