Se enviarán 1.400 efectivos para un operativo de seguridad, se movilizará al Ejército para que participe en la urbanización de barrios populares y se dispondrá una delegación de la Unidad de Información Financiera para detectar el lavado de dinero.
El Presidente de la Nación, Alberto Fernández, realizó un anuncio donde expresa que aumentará el número de Fuerzas Federales en la provincia de Santa Fe y enviará al Ejército Argentino para combatir la violencia narco en los barrios de la ciudad de Rosario.
«No me tiembla el pulso», expresó el mandatario a través de un video grabado desde la quinta de Olivos al tiempo que aclaró que la provincia necesita de una mayor presencia del Estado.
En ese sentido, Alberto manifestó que mantuvo un diálogo con el Gobernador de Santa Fe y también con el intendente de Rosario. El refuerzo de las fuerzas federales constará de 1400 efectivos disponibles en Rosario, coordinados por el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, quien viajará mañana en la ciudad para organizar las operaciones.
Por otra parte el personal de ingeniería del Ejército Argentino será enviado para que formen parte del proceso de urbanización de barrios populares, acelerando tareas pendientes de ejecución, y realizando tareas subsidiarias contempladas en la Ley de Defensa Nacional.
«Son las Fuerzas Armadas de nuestra democracia. Del modo ejemplar como actuaron en la pandemia y en los incendios, lo harán ahora con la misma honestidad, destreza y convicción, en socorro de una ciudadanía que las necesita«, argumentó el mandatario.
Además, reveló que el gobernador Perotti firmará con la Unidad de Información Financiera (UIF) el convenio para instalar una delegación en Rosario, reclamo provincial histórico, y detalló que se implementarán 600 cámaras de vigilancia de reconocimiento facial de última generación, producto del convenio de colaboración con el RENAPER.
«De esta manera buscamos tener una mayor eficiencia en la lucha contra el lavado de activos, derivados entre otras causas, del narcotráfico», señaló Fernández, y precisó que el sistema carcelario «extremará la custodia contra los reclusos que han sido condenados y pretenden desde la misma cárcel seguir controlando sus objetivos criminales».
